El expresidente Vizcarra ha desatado controversia al mantener un equipo de seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP), desafiando abiertamente una normativa vigente que prohíbe explícitamente esta protección a ex dignatarios tras la pérdida de su cargo o funciones públicas.
Fuente: El comercio
Según lo establecido en el DS N°004-2022-IN promulgado en mayo de 2022, se suspende temporalmente la seguridad para altas autoridades y ex dignatarios después de ser inhabilitados del cargo o ejercicio de funciones públicas. Vizcarra, quien fue destituido como presidente y además cuenta con dos inhabilitaciones de este tipo, se encuentra en esta situación.
A pesar de esta restricción, desde enero de 2021, Martín Vizcarra ha mantenido un robusto resguardo policial, una medida que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Esta protección, que se extendió hasta septiembre del año en curso, ha implicado un gasto de S/278,060 al Parlamento, según información proporcionada por esa institución en respuesta a una solicitud amparada por la Ley de Transparencia, realizada por El Comercio.
La persistencia del exmandatario en mantener este resguardo policial ha generado un intenso debate en la esfera política y entre los ciudadanos, cuestionando la legalidad y justificación de esta decisión en el contexto de las restricciones establecidas por la normativa actual.
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