Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, enfrenta una potencial condena de 30 años en el caso Cocteles, donde el Ministerio Público también solicita la misma pena para ella. En el proceso están implicadas 38 personas, así como el partido político y MVV Bienes Raíces, propiedad de Mark Vito Villanella.
Fuente: LaRepublica
El proceso, liderado por el juez Zúñiga, ha declarado la validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida. La investigación se centra en los presuntos actos de lavado de activos realizados por Keiko Fujimori y exdirigentes de Fuerza Popular para ocultar aportes de la campaña de 2011 y 2016, incluyendo aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.
La decisión del juez no solo afecta a Fujimori, sino también a 38 personas y a la empresa MVV Bienes Raíces. Mark Vito Villanella, ex esposo de Keiko Fujimori, también está implicado. El proceso, que ha durado más de cinco años, llega a su fase final, y la programación del inicio del juicio queda en manos de la sala designada.
Cabe recordar que Keiko Fujimori cumplió prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos en relación con este caso. El fiscal José Domingo Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses en marzo de 2021, acusándola de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El Ministerio Público ha determinado que la lideresa de Fuerza Popular encabezaba una red criminal dedicada al lavado de activos, utilizando falsos aportantes para ocultar financiamiento ilícito. Testimonios de empresarios y testigos protegidos respaldan la acusación, revelando prácticas de ocultamiento de donaciones y lavado de dinero.
Además de Keiko Fujimori, otros implicados, como Pier Figari, Ana Herz y Mark Vito Villanella, también enfrentan solicitudes de penas significativas. El proceso entra ahora en una fase crucial mientras se espera el inicio del juicio, marcando un capítulo determinante en este caso de corrupción y lavado de activos en la política peruana.
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