El día de hoy, el Poder Ejecutivo ha promulgado tres leyes de suma importancia destinadas a potenciar la competitividad, establecer con precisión las dietas de los alcaldes de centros poblados y ampliar el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el 31 de marzo de 2024.
Fuente: El Peruano
Las nuevas legislaciones, identificadas como Leyes 31969, 31970 y 31971, abordan aspectos críticos para el desarrollo económico y la claridad administrativa en el país. La Ley 31969 se enfoca en impulsar la competitividad y el empleo en sectores clave como el textil, confecciones, agrario y riego, agro exportador y agroindustrial. Su objetivo fundamental es fomentar la reactivación económica y el crecimiento sostenible de estas áreas, así como su reconocimiento a nivel internacional.
Por su parte, la Ley 31970 aporta claridad al precisar los artículos 131 y 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en relación con las dietas y asignaciones de recursos a los alcaldes de centros poblados. Se establece que la dieta mensual asignada será equiparable al monto fijado para los regidores distritales, según lo acordado por el concejo correspondiente.
La Ley 31971, por otro lado, modifica la disposición complementaria final segunda de la Ley 31803, Ley Universitaria, con el propósito de estimular la investigación para obtener el grado académico de bachiller o el título profesional, así como impulsar la inserción laboral de los graduandos de universidades públicas y privadas. Esta modificación extiende el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el 31 de marzo de 2024.
En un movimiento adicional, la Resolución 12-2023-2024-P-CR, publicada en el diario oficial El Peruano, ha autorizado una transferencia financiera a favor de la Contraloría General de la República por un monto de 114,790 soles. Estos fondos, provenientes del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2023 del Congreso de la República, tienen como objetivo principal el pago del 100 % de la contratación de una Sociedad de Auditoría Externa que llevará a cabo la auditoría correspondiente al ejercicio 2023. Estas nuevas disposiciones legales y resolución reflejan el compromiso del gobierno para fortalecer diversos sectores económicos, aclarar aspectos administrativos y garantizar una fiscalización adecuada para el buen uso de los recursos públicos en el país.
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