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Foto del escritorHadde Vasquez

Operación contra la 'Mafia Dragón Rojo': Avances significativos en el caso de trata en La Molina

El Poder Judicial emitió un fallo favorable a la solicitud presentada por el Ministerio Público. Los individuos involucrados serán mantenidos bajo custodia durante un período de siete días, el límite máximo permitido por el Código Procesal Penal. Una de las víctimas arribó al país en septiembre de este año, alegando haber recibido una oferta de empleo. Las mujeres que se encontraban en fuga de una red de tráfico de personas arribaron a las proximidades del colegio Villa María, ubicado en la urbanización La Planicie (La Molina), en estado de agitación y con heridas sangrantes. En busca de asistencia, se dirigieron a un vehículo policial de la comisaría.


Fuente: La Republica


Al llegar a la residencia, los agentes de la ley inicialmente se encontraron con los compatriotas, quienes afirmaron ser empleados de seguridad contratados para proteger la propiedad. Durante la inspección en el interior de la casa, en el primer piso, la policía identificó a las primeras 16 personas que parecían ser víctimas, acompañadas de seis individuos sospechosos. En el segundo piso, se hallaron a 24 ciudadanos malayos adicionales y una mujer extranjera procedente de Taiwán.


La dirección Jirón Las Lagunas 275 fue el sitio donde se encontraban detenidos 41 individuos de nacionalidad malaya y una persona de Taiwán, todos ellos retenidos por ocho individuos señalados como miembros de la extensa y temida red criminal internacional conocida como 'Dragón Rojo'. De los seis detenidos durante la operación llevada a cabo por la Policía y el Ministerio Público, todos poseen ciudadanía taiwanesa, mientras que el resto de los implicados son ciudadanos peruanos.


Es por ello, que el lunes por la mañana, la jueza Julisa Martel Guerrero, del distrito de Lima Este, presidió la audiencia de detención preliminar en flagrancia, solicitada por el fiscal Ronald Franco Alcántara. Este último solicitó que la detención se extienda durante siete días, el período máximo permitido según el Código Procesal Penal, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de obstruir la investigación en curso.


Fuente: Poder Judicial Perú

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