Venezuela intenta obstaculizar la investigación de la Corte Internacional.
En el ámbito de desarrollo a nivel internacional, el Gobierno de Venezuela ha presentado críticas ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) en un intento de desvanecer la reanudación de las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos ocurridos en el país en 2017, lo cual podría suponer actos de responsabilidad contra la humanidad.
Fuente: BBC
Estos actos, cometidos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país sudamericano entre abril y julio de ese año, resultaron en la trágica pérdida de la vida de más de un centenar de personas.
Los representantes legales del Gobierno venezolano argumentan que no han recibido información detallada por parte del fiscal del TPI, Karim Khan, respecto a los delitos en cuestión.
La Fiscalía del TPI inició una investigación formal en 2021 y posteriormente suscribió un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Maduro. Sin embargo, un año después, las autoridades de Caracas afirmaron que los jueces venezolanos estaban avanzando en el caso, sosteniendo que el TPI debía retirarse, ya que su actuación solo está justificada si el país en cuestión no puede o no quiere llevar a cabo la investigación por sí mismo. En el transcurso de 2022, el fiscal jefe, Karim Khan, solicitó la reanudación de las indagaciones debido a la falta de progresos en el país.
Los crímenes objeto de investigación comprenden ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, perpetrados durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Venezuela entre abril y julio de 2017.
La situación actual plantea interrogantes sobre la independencia de la investigación y la cooperación entre el TPI y las autoridades venezolanas en un caso de gran relevancia internacional. La comunidad global observa con atención este proceso legal, en busca de una resolución justa y que brinde justicia a las víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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